Por: Manuel
Cabieses Donoso
El bloqueo impuesto
ahora a la difusión de noticias derivadas de la investigación del terrorismo,
es un atentado al derecho de los pueblos a la información pero a la vez
constituye una afrenta al periodismo y su código de ética que rechaza toda
forma de censura y defiende el derecho a informar y ser informado.
Para
quien no conozca la triste realidad que vive el periodismo latinoamericano debe
resultar sorprendente el silencio de los medios sobre el atentado terrorista en
Caracas. CNN en español interrumpió el 7 de agosto la transmisión del discurso
del presidente Nicolás Maduro cuando este comenzó a mostrar videos, grabaciones
telefónicas, fotos, confesiones, nombres de los detenidos y prófugos, etc. CNN
daba así la pauta a la conducta que observan los medios del continente. El
Mercurio de Chile, que habitualmente derrocha espacio para atacar a Venezuela,
publicó un parrafito de una columna. Los medios que hasta ayer exigían
evidencias sobre el atentado al que aún califican de “presunto”, ignoraron las
revelaciones de Maduro. Sin embargo, la investigación que adelanta la Fiscalía
Nacional de Venezuela está descubriendo elementos para un “plato fuerte” de un
periodismo que se respete a si mismo. Es un bocado apetitoso incluso para la
literatura y el cine. Sin embargo ha caído en un silencio que resulta
vergonzante para la profesión del periodismo.
Los
terroristas apresados y a disposición de los tribunales implican a gobiernos,
partidos políticos y conspiradores de todo pelaje. Las autoridades han pedido
al gobierno norteamericano la extradición de Osman Delgado Tabosky, financista
y “piloto” -desde Miami- de los drones cargados con C4, un explosivo plástico
que los ejércitos usan en demoliciones de fortificaciones. Se han iniciado
también gestiones para extraditar a implicados que se refugian en Colombia, en
cuyo territorio se preparó el atentado con colaboración del ex presidente
Santos, Premio Nobel de la Paz (¡sic!).
Lo
ocurrido solo tiene precedente en Venezuela en el atentado con un coche bomba
contra el presidente Rómulo Betancourt en junio de 1960. Lo efectuaron sicarios
del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. En ese atentado el presidente
Betancourt resultó con graves quemaduras en las manos y el rostro, y murió el
jefe de la Casa Militar.
Esta
vez no solo se intentó asesinar al presidente de la República sino a todas las
autoridades civiles y militares que lo acompañaban en la tribuna presidencial;
a los embajadores, agregados militares y familiares de los soldados de la
Guardia Nacional Bolivariana, y a espectadores del desfile militar. De haber
tenido éxito, el atentado habría desatado una conmoción social y política cuyas
dimensiones son inimaginables.
El
silencio de los medios periodísticos latinoamericanos ante las evidencias
presentadas por el gobierno venezolano, constituye una vergüenza para lo que
Gabriel García Márquez definió como “el mejor oficio del mundo”. Los
responsables, sin embargo, no son los periodistas sino quienes han prostituido
la naturaleza noble del periodismo: los amos de la prensa. Los empresarios de
la “industria” de la información han convertido a los medios en instrumentos de
desinformación y de la ignorancia que sufren nuestros pueblos. La función
social del periodismo ha sido suplantada por los intereses de quienes manipulan
los medios desde las sombras. Esta verdadera dictadura mediática es la punta de
lanza ideológica de conglomerados financieros. Cumple la función de modelar
conciencias y someterlas al pensamiento hegemónico del capitalismo. Los
periodistas, en definitiva, son trabajadores asalariados de empresas en las que
rigen las leyes de hierro de la propiedad privada.
Los
amos de la prensa son temidos y reverenciados por los políticos y los
gobiernos. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que los agrupa, fue
creada durante la guerra fría. Representa a 1.300 publicaciones que editan 43
millones de ejemplares en papel y controlan numerosos diarios electrónicos. El
denominador común de la SIP es el anticomunismo y trabaja en estrecha
colaboración con los servicios de inteligencia norteamericanos.
Los
once diarios de mayor circulación en América Latina se articulan también en el
Grupo de Diarios América (GDA). Sus miembros son El Mercurio de Chile (en
realidad una cadena de 24 diarios), O Globo de Brasil, La Nación de Argentina,
El Universal de México, El Nacional de Venezuela, etc. Son multimedios que
controlan revistas, canales de TV, radios, periódicos electrónicos, etc.
Durante el gobierno del presidente Hugo Chávez, el GDA resolvió destinar una
página diaria para calumniar a la revolución bolivariana. Se sumaba así a la
campaña de Washington que desde hace casi dos décadas intenta desestabilizar al
gobierno venezolano.
El
bloqueo impuesto ahora a la difusión de noticias derivadas de la investigación
del terrorismo, es un atentado al derecho de los pueblos a la información pero
a la vez constituye una afrenta al periodismo y su código de ética que rechaza
toda forma de censura y defiende el derecho a informar y ser informado.
Salvo
la honrosa excepción de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP),
que condenó el atentado en Caracas, las organizaciones profesionales de
periodistas guardan silencio vergonzoso. Ellas tienen el deber de denunciar la
censura empresarial. Junto a estudiantes y académicos universitarios, los
periodistas deberíamos convocar a asambleas para discutir la penosa situación
que de un periodismo sometido a la dictadura de los amos de la prensa. El
silencio en este caso es complicidad con el terrorismo. Tiene que quedar claro quiénes imponen esta
censura.
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